Pekín convoca al embajador español para quejarse de las imputaciones de genocidio

La aglomeración en la Audiencia patrio de dos causas que implican a las autoridades chinas en sendos presuntos casos de genocidio, en Tíbet y contra el movimiento Falun Gong, ha lleno la aguante del Gobierno de Pekín, que ha llamado al embajador español en la capital china, José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo, para quejarse de las actuaciones de la justicia española. Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores resaltaron ayer que el Gobierno «mantiene un escrupuloso decoro por las decisiones judiciales y espera que este tema se pueda resolver de una manera comprensible para todas las partes».

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– Un mentor de la Embajada española escucha las quejas de Pekín por las imputaciones de genocidio Las investigaciones de la Audiencia patrio relacionadas con China han caduco por indignar al Gobierno de ese nación. En los últimos días, el magistrado Ismael Moreno ha comenzado a practicar diligencias en el caso del presunto genocidio de Tíbet, y el Tribunal Supremo español ha ordenado a la Audiencia investigar el presunto genocidio y torturas a miembros del movimiento Falun Gong.

Ya el pasado martes, el Gobierno chino declaró que la investigación sobre el presunto genocidio función por las autoridades chinas en Tíbet en los años ochenta y noventa es una interferencia en los asuntos internos de su nación, al período que calificó de «absoluta mentira» los hechos que se imputan a Pekín. «Las denuncias del llamado genocidio en Tíbet son una difamación global, una absoluta mentira», declaró el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Liu Jianchao.

La Audiencia patrio comenzó el pasado día 5 a practicar diligencias sobre el caso con el interrogatorio de Thubten Wangchen, ciudadano español de comienzo tibetano personado en la motivo como denuncia característico, quien tuvo que exiliarse a Nepal, India y España. Wangchen, director de la Fundación vivienda de Tíbet de Barcelona, ratificó la pleito contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin. Tras su comparecencia ante el magistrado, aseguró que el cosa de la pleito no es mucho obtener la dedicación a España de los miembros del Gobierno chino, sino «que se hable de lo ocurrido en Tíbet a nivel internacional» para que «el Gobierno chino reconozca sus errores y empiece a respetar los derechos humanos».

El juez encargado del caso, Ismael Moreno, ha librado comisión rogatoria universal a imperio Unido y Canadá con el término de interrogar a otros testigos y víctimas del supuesto genocidio, en el que se calcula que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas. A demanda del fiscal, el juez ha solicitado además a Exteriores que informe sobre los documentos y resoluciones de la ONU relativas al caso de Tíbet, sobre los cargos desempeñados por los denunciados y sobre cualquier información relativa a las víctimas.

El segundo caso investigado por la justicia española es el de Falun Gong. La estancia Penal del Supremo ordenó el pasado martes a la Audiencia patrio investigar el supuesto genocidio y torturas de integrantes del movimiento chino Falun Gong, al estimar un medio contra la determinación de la Audiencia patrio de no admitir a gestión una pleito contra varios dirigentes chinos. El 30 de noviembre de 2004, integrantes de Falun Gong en España presentaron una pleito contra el contemporáneo presidente del Comité patrio del recomendación Consultivo Político del aldea Chino, Jian Quinling, cifra cuatro de la grado comunista, aprovechando su cuarto en España para asistir al II Foro Hispano-Chino, y contra otros tres integrantes de la representación, que se hospedaban en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona.

La pleito no fue admitida a gestión y contra esta determinación presentaron medio acogiéndose a la aplicación del comienzo de jurisdicción mundial, para evitar «la indemnidad de estos crímenes que no pueden ente perseguidos en China». Según los miembros de Falun Gong, desde la cruenta represión desatada por el Gobierno chino en 1999 contra ese «grupo espiritual», como ellos se definen, han sido asesinadas miles de gente, y hay centenares de miles internadas en campos de labor.

La determinación del Supremo fue adoptada por mayoría y el texto se conocerá en los próximos días. En la vista del medio, el fiscal de estancia del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se opuso a la aceptación de la pleito por entender que es cuestionable que se haya derivado el genocidio denunciado y por entender que el comienzo de justicia mundial no puede ente interpretado de manera tan absoluta que los tribunales españoles se conviertan en «justicieros universales».

Seis meses de acuerdo de asociaciónLas protestas formales de las autoridades chinas llegan ámbito año después de que Madrid y Pekín firmaran en la capital de España un acuerdo de asociación estratégica durante la visita del presidente chino, Hu Jintao, a España en diciembre de 2005. Con esa firma, las relaciones con el nación asiático se situaban al mismo nivel que el obtenido por países como imperio Unido, Canadá, Francia o Alemania, y era la apogeo de aproximación que se inició hace ahora casi un año.

En todos los contactos mantenidos siempre se ha descuidado en un segundo mapa el conflictivo tema de los derechos humanos en el nación asiático, que ha sido reiteradamente denunciado por la coalición Europea.

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