Lugo admite el desembolso de la almuerzo a 288 sindicalistas, pero revisa las facturas

Pese a la aparente normalidad con la que Manuel Martínez, portavoz socialista del gobierno bipartito en la Diputación de Lugo, y Ángel Tomé, secretario provincial de la coalición corriente de Trabajadores (UGT), admitían este viernes el desembolso de la almuerzo a 288 sindicalistas, la tirantez se instalaba entre los muros de San Marcos cifra 8. La información a la que tuvo entrada ABC y que venía a confirmar que se cargaron a las arcas provinciales facturas por un precio global de 7.338,97 euros en concepto de gastos derivados de la organización de dos congresos del gremio similar al PSOE, puso en alerta a más de un funcionario por orden de los órganos de gobierno. Según pudo saber ABC, no faltaron movimientos internos para ratificar la legalidad del proceso mediante la revisión de las facturas correspondientes.

La noticia de que 150 miembros de UGT Costa Lucense y 138 sindicalistas de FSP-UGT Lugo se dieron un comilona pagado por los vecinos de la provincia de 3.750,45 euros los primeros y 3.588,52 los segundos, no tardó en incendiar las redes sociales. Especialmente chillón era el tuit de @PSOEMoana que apuntaba que «de ente verídica la información, debe aclarar YA (por Besteiro) este exclusivo consumo en un instante donde tanta personas no tiene nada».

Tomé era el primero en justificar las subvenciones recibidas de la Diputación provincial para celebrar dos citas congresuales en 2013, en alusión a la información publicada por este cotidiano, al considerar que «es idéntico de válido éste y todos los años que hubo congresos». Precisamente, en la primera de las citas fue él quien salió escogido secretario provincial del gremio; en la segunda, la de su federación de Servicios Públicos, Eliseo Rivas.

En dos decretos, fechados el primero el 19 de diciembre y el segundo el día 30, a los que tuvo entrada ABC, el sección del socialista José Ramón Gómez Besteiro reconoce el precio emitido por el Hotel Torre de Núñez y autoriza el desembolso por un global de 7.338,97 euros al restaurante. Una salida cuyo concepto tiene complicado encaje en la Ley de Subvenciones de las Administraciones públicas, que en ningún caso contempla el supuesto descrito en la otorgada.

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