Los alcaldes se rebelan contra Ortiz

La buena estrella del promotor Enrique Ortiz se apaga. El primordial imputado en el caso Brugal afronta también de su participar martirio judicial, otro proceso equidistante que le está enfrentado a varios Ayuntamientos disconformes con los proyectos que ejecutaron sus empresas.

La voracidad de Ortiz para los negocios provocó que durante los últimos años acumulara contratas, obras y concesiones sin tener apenas competencia. Sin decomiso, ahora diversos Ayuntamientos, y de todo síntoma político, no solo le recriminan que no cumpliera bien con su labor, sino que incluso le exigen dinero por obras inacabadas o por algunas chapuzas y se niegan a pagar las indemnizaciones que exige el promotor.

El ulterior episodio en este rosario de desencuentros se vivió esta semana en el completo celebrado el miércoles en el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. La sesión presida por Luisa Pastor, del PP, rechazó pagar al contratista los siete millones de euros que exige por la infrautilización de unos aparcamientos.

Enrique Ortiz construyó dos aparcamientos subterráneos en Sant Vicent del Raspeig, el del Mercado y el del Ayuntamiento, que casi siempre están vacíos, con lo que el negocio es ruinoso. La agencia responsabiliza directamente al Ayuntamiento de la ?infrautilización? de estas plazas y reclama más de siete millones de euros al consistorio ?para el restablecimiento del equilibrio barato del contrato por la infrautilización? de los estacionamientos.

El empresario critica la indiferencia del Ayuntamiento de Sant Vicent para llenar las plazas

Ortiz exige cobrar 3.005.423 euros por el aparcamiento del Mercado, que se adjudicó en 2002 por un periodo de 50 años, y otros 4.425.912 euros por el del Ayuntamiento, que gestiona desde 2008 por un plazo de 35 años. El empresario en su queja acusación la ?pasividad o connivencia? del Ayuntamiento con los aparcamientos irregulares o los solares en los que se permite aparcar sin control.

El Ayuntamiento esgrime sendos informes técnicos para rechazar las demandas del constructor, y recuerda que ?las previsiones de ocupación que se han incumplido son las que realizó el concesionario a la hora de su implicación como licitador en esta concesión?. El conjunto de gobierno considera que ?en el caso de no cumplirse las previsiones no es la administración a quien considera asumir las consecuencias negativas?.

Los informes cuestionan la ?seriedad? del contratista, y echan en faz a Ortiz que no haya efectuado ninguna misión publicitaria de los aparcamientos. ?Ante la ausencia de un mínimo de presteza en su trámite, no puede pretender trasladar a la Administración la deber por los nulos efectos, ni por mucho reclamar compensación por ello?, sentencia el informe elaborado por los técnicos municipales que sirvió de base para que el Ayuntamiento en bloque rechazara pagar los siete millones de euros que reclama el empresario. Este cíclico intentó sin éxito contactar con Ortiz para conocer sus argumentos.

Alcoi detectó que se pagaron 1,2 millones al constructor por obras no ejecutadas

De la mano de gobiernos locales del PP Enrique Ortiz fue haciendo negocios que ahora, con el marcha del período, le están saliendo caros. Otro modelo es en Alcoi, cuando en diciembre de 2008, el Ayuntamiento, presidido por el PP, se comprometió a pagar 2,1 millones de euros a Ortiz por las obras de reforma del Teatro Calderón. Sin decomiso, el reciente gobierno, presidido por alcalde socialista, Antoni gabacho, encargó una auditoria y el informe pericial fue concluyente: De esta suma 1.245.000 euros no deberían haberse pagado porque o bien no se habían realizado las obras o se pagaron por salida doble.

El Ayuntamiento además detectó otro desembolso de 202.000 adecuado al equipamiento escénico. también de este idea, el reciente gobierno municipal confiscó en junio de este año 543.000 euros a una de las empresas de Ortiz por los avales de las obras de edificación del bulevar cuyo idea se ha incumplido. Y también, el mismo ayuntamiento sancionó a Ortiz a pagar una sanción diaria de 300 euros por la carencia de sostenimiento del aparcamiento de la Rosaleda.

Galimatías de pleitos en BenidormE. M., Alicante

En Benidorm, el galimatías de pleitos entre Enrique Ortiz y el Ayuntamiento alcanza su cénit. El ulterior completo desestimó el medio de reposición presentado por Enrique Ortiz e Hijos Contratistas para evitar pagar 17,5 millones de euros que ofreció al Consistorio como progreso cuando en 2002 se le concedió la urbanización de Armanello, un parte en el que caben más de una veintena de rascacielos de 29 alturas. El promotor repercutió ese dinero a todos los propietarios del suelo en el idea de reparcelación, pero el TSJ valenciano declaró ilícito la determinación porque no contaba con su permiso de los propietarios, ya que los dueños del solar de un PAI no tienen la deber válido de aportar al Ayuntamiento más que el 10% del aprovechamiento que les corresponda, y esa suma en metálico lo excedía con creces.

Otro frente abierto son los 320.000 metros que atesora Ortiz junto con otro promotor, Antonio Solana, en El Moralet. El solar se destinó en el PGOU de 1990 a servicios generales y parque urbano, así que el Ayuntamiento tiene la deber de expropiarlo pagando en metálico o de compensar al dueño con aprovechamiento en otros sectores urbanizables.

El constructor reclamó por la edificabilidad de El Moralet 47 millones de euros, pero una cotización contradictoria encargada por gobierno local lo valoró en 73.000 euros. El tema acabó en el Jurado Provincial de Expropiación, que le otorgó un valor de 5,96 millones, lo que no conformó a ninguna de las partes y ahora la discrepancia se dirimirá en el juzgado.

Allí está además investigándose, tras una acusación del exconcejal de Urbanismo, Jaime Llinares, si Ortiz cobró dos veces por ejecutar dos enormes rotondas de inicio a la metrópoli, una a los propietarios de la urbanización de un polígono industrial junto a la N-332 que las incluía en el parte y otra a través de una adjudicación de casi un millón de euros del Plan E.

Y además en Benidorm, el Tribunal Supremo anuló a finales de 2012 la adjudicación de la estación de autobuses a otra agencia de Ortiz. El Ayuntamiento modificó el idea y autorizó en 2003, tras la adjudicación, el incremento del zona comercial de 500 a 10.000 metros cuadrados y la edificación de un hotel.

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