Guerrero pide a Alaya que la vigilante Civil aclare los abonos desde Vitalia

El ex director corriente de labor Javier Guerrero ha pedido a la magistrado Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, que llame a declarar al mando de la vigilante Civil que dirige la investigación para que aclare el informe sobre los movimientos de sus cuentas bancarias. Guerrero asegura que dicho informe contiene ?falsedades? e ?inexactitudes?, ya que los agentes de la Unidad céntrico Operativa (UCO) le acusaron de cobrar 249.000 euros a través de transferencias desde el categoría Vitalia gracias a su relación con el ex director comercial Antonio Albarracín, con el que negoció numerosas pólizas. ?No existe? transferencia alguna ni desde Albarracín ni desde el residuo de empresas investigadas, afirma Guerrero en el carta que ha presentado su abogado, Fernando de Pablos.

Los investigadores acusaron a Guerrero de recibir 94 transferencias por precio de 161.600 euros y otras 76 operaciones por precio de 87.400 euros a otra abalorio de su esposa. Siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros para no levantar sospechas, según el informe policial al respecto. Tras este repleto, la magistrado le envió a cárcel por segunda vez el pasado marzo tras acusarle de cohecho, asociación ilícita, y dos delitos continuados de malversación y prevaricación.

Ahora Guerrero rechaza estas acusaciones: ?No existe un solo movimiento que sostén la sospecha de ilícito o tan solo anormal, que no sea la manera continuada de llevar mi economía característico?, relata el carta. Guerrero alega que mantenía dos cuentas en envase Rural del Sur ?que soportaban la mayoría de los compromisos de desembolso del matrimonio, encontrándose en ella domiciliados los gastos corrientes?. también, el ex elevado cargo disponía de otra abalorio para sus ingresos a la que transfería dinero procedente de sus otras cuentas bancarias. ?Dado el período transcurrido sin haber recibido los detalles que servían de base a los investigadores para llegar a las conclusiones que precipitaron la segunda inicio en cárcel [de Guerrero]?, el imputado pide que se le aclare las razones que motivaron dichas acusaciones. Para ello, Guerrero pida que declare ante Alaya el ?superior jerárquico? de los agentes de la vigilante Civil que redactaron dicho informe sobre sus cuentas bancarias.

Por otra fragmento, la vicepresidenta del banca Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez ha acusado a la magistrado Alaya de imputarle ?un masivo contubernio? y una ?maquiavélica actuación? durante su época como consejera de finca en la Junta. Álvarez sostiene en un medio que la magistrada se basa en ?sospechas y especulaciones? para acusarle de malversación y prevaricación. Las imputaciones de la magistrado ?no resisten un mínimo escrutinio (…) carecen de la exigible argumentación jurídica? y se caracterizan por su ?falta de concreción?.

El medio se ha presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla después de que esta revocase parcialmente la primera imputación de Álvarez, lo que provocó su segunda comunicación como imputada el pasado 7 de noviembre. El reciente auto de imputación, sostiene el abogado de la exministra, ?no pasa de incorporar un narración genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos?, informó Efe.

Ayer el intruso Claudio Andrés Sendino (ajeno al ERE del Hotel Cervantes, pese a que fue prejubilado) ha declarado como imputado ante Alaya. Sendino ha defendido que en su día siempre había considerado su prejubilación como un recaudación válido que tenía los parabienes del Gobierno andaluz. ?Un sindicalista me dijo que todo era tan válido que tenía que aprobarlo la Junta de Andalucía?, ha declarado el intruso ante la magistrada.

Sendino ha comparecido ante Alaya en solitario, pese a que otro intruso y un directivo del categoría Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciarini, estaban citados a declarar pero faltaron a su encuentro judicial por diferentes motivos.

La magistrado acusa a Sendino de malversación y prevaricación como extraneus, tráfico de influencias y un infracción de adquisición ilícito de subvenciones por haber cobrado 96.223 euros sin tener derecho a ello. ?Fue contratado para el Hotel Cervantes con el uno término de ente introducido en el ERE tan solo 9 días antes de que la misma presentara la adecuado solicitud [para el ERE] el 29 de marzo de 2006, y poder acogerse así al plan de prejubilaciones (…) para lo cual se falsearían los datos laborales del Sr. Sendino?, fija la magistrado en la imputación que leyó al acusado antes de su comunicación.

El intruso firmó una póliza para cobrar 233.000 euros, aunque finalmente solo percibió 96.223 euros en un ERE para el que la Junta aportó 3,6 millones. Al finalizar su comparecencia, el letrado de la Junta ha solicitado como dimensión cautelar que se le imponga una garantía civil por 311.475 euros, tras sumarle a la póliza de Sendino el tercio válido previsto por la ley.

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