El PP defiende la constitucionalidad de la Ley de Costas ante la inseguridad generada por el medio del PSOE

Los recursos contra la revisión de la Ley de Costas aprobada en el Congreso de los Diputados, han despertado gran duda en el empresariado turístico, que teme una giro detrás a la normativa vigente desde 1988. Representantes de Gobierno y PSOE, así como del parte hotelero, han abordado en el marco de Futuralia 2013 todo lo que rodea a esta cuestión.La sexta publicación del Foro para la Sostenibilidad Medioambiental del Turismo en España (Futuralia), organizada por el categoría VíNCULO en estrecha cooperación con la Mesa del Turismo, ha congregado en el primer panel de expertos a representantes del Gobierno, del primordial roto de la oposición y del parte hotelero para abordar la inseguridad jurídica generada por los recursos presentados contra la nueva Ley de Costas. Como es bien conocido, la reforma de esta normativa, que, entre otros aspectos, permite la modernización de las instalaciones del litoral español e indulta a los chiringuitos, ha sido recurrida por el roto Socialista Obrero Español (PSOE) y por varios Gobiernos autonómicos ante el Tribunal Constitucional, lo que ha provocado gran duda entre el empresariado turístico.

Según expone el senador y portavoz de ámbito entorno del categoría parlamentario popular, Vicente Aparici, la antigua Ley de Costas «tenía 25 años de antigüedad», por lo que «empezaba a tener defectos y se desconectaba de la realidad». también, remarca que «no hacía alusión a cuestiones relacionadas con el transformación climático», lo que a su sensatez demuestra «su ineficacia en la amparo del litoral».

En su égida de la nueva Ley de amparo y empleo Sostenible del Litoral, que sustituye a la Ley de Costas, el delegado del roto Popular además recuerda que la previo normativa tenía carencias como «la inseguridad jurídica para titulares de inmuebles o viviendas», así como el «deterioro de las instalaciones de costa» al prohibirse cualquier tipo de reforma. Por todo ello, considera que «25 años es un período bastante para haber podido ver sus defectos y, por mucho, sugerir reformarla».

El PSOE acusa al Gobierno de querer privatizar el abuso público

En contraposición, el diputado y portavoz de ámbito entorno del categoría parlamentario socialista, José Luis Abalós, subraya que «si la reforma crea duda es porque hay algo que está mal». «Toda ley que no se reajuste a derecho puede ente recurrida, y ésta violenta varios artículos básicos de la complexión , entre ellos el del concepto de abuso público terrestre, y contraviene seis directivas europeas».

En su intervención, el portavoz socialista hace especial hincapié en que el transformación legislativo aprobado en el Congreso de los Diputados «sólo recibió el apoyo de sus autores». igualmente, asegura que «no protege para nada el litoral español, sino que lo desprotege, y todo pasa por privatizar el abuso público».

Mientras mucho, en imagen del empresariado turístico, el secretario corriente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella, remarca que «es principal para el parte Turístico la clarificación de la costa y del litoral español». «Necesitamos certeza jurídica», reclama este reputado empresario, que a su vez alerta de que «no podemos estar con esta carencia de convicción de lo que va suceder».

CEHAT respalda el transformación legislativo

Estalella señala que la amparo del litoral español debe ir inseparable a un «uso sostenible» del mismo. «Playas y costas hay muchas en el mundo, pero aquí las hemos convertido en un medio turístico, y queremos que esto siga siendo así», explica. también, aclara que «en ningún caso queremos deteriorar las zonas donde operamos, sino que la propia despliegue económica en muchos casos contribuye a la preservación». En este significado, se demostración a ayuda del transformación impulsado por el Gobierno, destacando que «da mucha más agilidad» a los empresarios, permite la progreso de las instalaciones y garantiza el sostenimiento de los chiringuitos. Como calceta y desenlace, Estalella pide que «se despolitice el asunto», recordando que «da manejo a millones de personas».

En contestación a la inseguridad jurídica generada a raíz de los recursos contra la reforma legislativa, el director corriente de Sostenibilidad de la Costa y océano, Pablo Saavedra, traslada «un mensaje de certeza y confianza sobre la constitucionalidad» de la Ley de amparo y empleo Sostenible del Litoral. Según detalla, «la reforma se ha movido en el interior de los parámetros de la sentencia que en su día se dictó sobre la constitucional de la Ley de Costas de 1988». «Sólo introduce modificaciones allí donde había problemas, por lo que es complicado que el Tribunal Constitucional cambie de criterio», añade.

Saavedra además critica los motivos aducidos por el PSOE y los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña, asegurando que algunos de ellos «son contrapuestos». también, ensalza las modificaciones introducidas, ya que, a su sensatez, «mejorarán la amparo del ámbito entorno, dará mayor certeza jurídica y fomentarán la despliegue económica». «En definitiva, se trata de una ley que va a contribuir a la sostenibilidad del Turismo», concluye.

Finalmente, el copresidente de Futuralia y vicepresidente de la Mesa del Turismo, Eugenio de Quesada, revela que un nuevo informe jurídico de CEOE constata que el citado medio «está muy bien armado y tiene muchas posibilidades de salir adelante». A este respecto, teme que en el caso de que el PSOE «tumbe la nueva Ley de Costas», los empresarios del parte que hayan iniciado algún tipo de labor, algo que sí permite la legislación contemporáneo, «pierdan lo invertido».

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