El magistrado justifica el arresto de la cúpula de la CAM porque se iban a fugar a Curaçao

El magistrado de la Audiencia patrio Javier Gómez Bermúdez imputa a los exdirectivos de la envase de Ahorros de Mediterráneo CAM Roberto López Abad, Daniel Gil y César Véliz y a los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri los delitos de administración traidor, mentira documental, infracción contra la finca pública y infracción contable. Bermúdez justifica las detenciones ?se han realizado todas excepto las de Baldó y Ferri? al entender que hay peligro de escape, pues ?cuentan con medios económicos y relaciones con el afuera que les permitirían eludir la acto de la justicia situándose en Curaçao, nación con el que no existe tratado de extradición». El magistrado ha descuidado en libertad a Véliz tras pasar a colocación judicial.

El juez considera que López Abad, ex director corriente de la CAM, y Gil, director corriente de empresas de la organismo , tuvieron desde el principio un ?papel fundamental ? en las negociaciones de la financiación de proyectos de Valfensal. Según Bermúdez, ambos directivos de la envase fueron informados por los empresarios Ferri y Baldó de la propósito de adquirir una consorcio domiciliada en un eden fiscal para desviar la mayor fragmento de los ingresos obtenidos por los hoteles que tenían previsto adquirir o construir.

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– Registro de un oficina de abogados por el caso de la CAM Esta estructura fiscal fue creada, según Bermúdez, con el asesoramiento del oficina de abogados Garrigues, que utilizó una consorcio pantalla, Jacksonport Corporation NV, en Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). El juez afirma que los letrados, pese a conocer que la consorcio antillana ?podía ente una mera cobertura? emitieron dos informes en los que defendían su legalidad ?a la vez que definía la estructura societaria de la que se valdría Valfensal para eludir sus obligaciones fiscales?.

Ayuda de GarriguesLópez Abad y Gil, afirma Bermúdez, usaron los informes de Garrigues para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria que daba respaldo al categoría Valfensal. Mientras mucho Ferri y Baldó planearon adquirir esta consorcio para obtener a través de ella financiación de la envase de ahorros. Estos fondos se derivaron supuestamente a las sociedades radicadas en el forastero, que se encargaron de realizar las inversiones previstas.

Una vez garantizada la financiación de la CAM, que participaba con un 30% de Valfensal, un oficina antillano dotó a la consorcio Jacksonport de la cobertura necesaria para simular que tenía una despliegue imperial y que era el centro de toma de decisiones de las inversiones de Valfensal en el afuera. Con ello, Valfensal compró en 2004 el hotel Caracol en México y ulteriormente el Hotel ceremonia, en Playacar (México). La fabricación de estos establecimientos se concentró en la consorcio antillana, lo que supuso eludir impuestos en España por precio de aproximadamente 43 millones de dólares entre 2007 y 2011.

El magistrado sostiene que en 2010 los directivos de la CAM López Abad y Gil crearon una consorcio vinculada a ellos que se encargaría de gestionar los hoteles de Valfensal. Esto supuso retornar a España los beneficios de la agencia sin que la envase, ya quebrada, obtuviera ingreso alguno.

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