El escándalo de la NSA alcanza al CNI

Ya antes de que estallara el caso Snowden, al corriente Keith Alexander, de 61 años, le quedaban pocos meses al frente de la empresa de certeza patrio (NSA), que dirige desde 2005, pero el escándalo puede precipitar su batacazo. El pasado martes, en el Comité de ingenio de la Cámara de Representantes, rompió una de las reglas no escritas sobre las que se cimenta la confianza entre los servicios secretos: no revelar jamás las relaciones con sus homólogos extranjeros y, menos aún, desviar hacia ellos sus responsabilidades.

Alexander dijo que los millones de metadatos ?registros de llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos, WhatsApp, buscadores de Internet y redes sociales? que figuran en los documentos filtrados por el exanalista refugiado en Rusia no fueron recolectados por la NSA, sino por agencias de países amigos. Es decir, que la batida de 70,3 millones de comunicaciones de Francia y 60,5 de España fue labor de la DGSE y el CNI, respectivamente, quienes trasvasaron la información a la NSA.

Eso sí, las comunicaciones habrían sido controladas en zonas de crisis, por lo que ni franceses ni españoles habrían vulnerado la ley. Fuentes próximas conocedoras de los servicios secretos alegan que Alexander dice fragmento de la cierto, pero no toda.

La existencia de un Gabinete de Escuchas, con ese u otro nombre, es tan antigua como el propio servicio secreto español. El exdirector del Cesid (antecesor del CNI) Emilio Alonso Manglano se sentó dos veces en el banquillo por la interceptación de conversaciones a numerosas personalidades (incluido el Rey) entre 1983 y 1991. Aquel sistema, servido por esclavos ?funcionarios permanentemente a la escucha?, que captaba las señales de telefonía portátil en una área de Madrid es un artilugio de museo comparado con los equipos de los que dispone hoy el CNI, que funcionan automáticamente y permiten controlar millones de comunicaciones.

El magistrado que controla al CNI autoriza hasta un millar de escuchas al año

El sensatez por las escuchas, del que Manglano salió finalmente liberado, y el hallazgo de micrófonos en la sede del brazo político de ETA, Herri Batasuna, en Vitoria llevaron al Gobierno a regular en 2002 el control judicial del servicio secreto, a través de un juez del Supremo.

Un exalto cargo del espionaje español asegura que, escarmentados por la práctica , ningún responsable del CNI se arriesgaría a vulnerar la ley. también, no hace carencia. El primer magistrado encargado de autorizar los registros y escuchas del CNI, Ramón Trillo, tenía una relación muy estrecha con este, hasta el calceta de que su hija fue contratada por el centro al que debía controlar. Su sucesor, Pablo Lucas, tutela más las distancias y abalorio con un juez, adscrito al gabinete del director del CNI, Félix Sanz, que prepara y tramita las peticiones para que cumplan los requisitos legales.

Aún quedan zonas grises. ?¿Es idéntico registrar una habitación de hotel que un domicilio??, se pregunta un maestro . ?Los espías se mueven en la límite difusa entre legalidad e infracción. Puedes creer que lo que no está prohibido está permitido. O lo contrario?.

La legislación española sí es clara cuando determina que las operadoras de telefonía e Internet no pueden ceder los metadatos sin mandamiento judicial y que hacerlo constituye infracción. Por mucho, no pueden entregarlos al CNI sin venia del magistrado.

El Magreb y el Sahel son las áreas prioritarias del espionaje español

¿Cuántas autorizaciones concede cada año el juez que controla al servicio secreto? El CNI no facilita este referencia, alegando que está clasificado, pero fuentes conocedoras de su funcionamiento aseguran que la número oscila entre varios cientos y un millar. Hay algunos objetivos ?permanentes?, cuyo seguimiento se prorroga cada tres meses, y autorizaciones ?extensas?, pero temporales, que incluyen una tropel de objetivos. Entre los primeros figurarían algunos dirigentes abertzales y, entre los segundos, fragmento del colectivo paquistaní de Barcelona.

Nada que ver con los 60,5 millones de comunicaciones rastreadas entre diciembre de 2012 y enero de 2013, según los documentos filtrados por Snowden. Aunque el magistrado del Supremo tiene un suplente, ni trabajando a destajo podría firmar una número tan enorme de autorizaciones, que deben ente motivadas y, en lo dable, individualizadas.

El centro de comunicaciones instalado en el sótano de la sede céntrico del CNI está orientado en hipótesis a la captación de ?comunicaciones estratégicas?. Una fragmento de ese tráfico circula por los cables submarinos que unen Sicilia (Italia) con Florida (EE UU) pasando por Conil (Cádiz), y otra fragmento corresponde a señales de satélite. también, dispone de equipos móviles que se desplazan a zonas de crisis, como Afganistán o el Sahel. ?Cada nación tiene sus áreas de inclinación?, explica un maestro . Las prioridades de España son el Magreb y el Sahel. ?El caladero es el mismo y algunos tienen medios más potentes, pero no todos buscan las mismas especies y, con suerte y aguante, el pesquero artesanal puede capturar la mejor pieza?.

El CNI está al margen de la Ley de amparo de Datos, por lo que puede almacenar indefinidamente los registros de comunicaciones. Son estos grandes paquetes de metadatos en bruto los que facilita a la NSA, aunque no puede figurar ningún habitante en España sin consentimiento judicial.

La NSA abalorio con una despacho en Madrid y actúa en Barcelona y Rota

?Lo que no abalorio el corriente Alexander es que, también de la que le facilita el CNI, la NSA recoge su propia información en España?, explica el exresponsable español. La empresa dispone de una despacho en la Embajada de EE UU en Madrid y utiliza además instalaciones en el consulado de Barcelona y la base de Rota (Cádiz). ?Ellos cumplen la ley, pero la de EE UU, que no les prohíbe espiar en el forastero, como tampoco la española se lo impide al CNI?, concluye.

El corriente Sanz comparecerá el miércoles en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso pero, tras las revelaciones de Alexander, el foco no estará en lo que la NSA hace en España, sino en lo que el CNI hace para la NSA.

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