140.000 casas podrán acogerse a la indulto de obras de la Ley de Costas

La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor choque en el litoral español. El secretario de Estado de ámbito entorno, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en área de servidumbre ?una género de segunda fila de playa de las infracciones urbanísticas? por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta área de amparo, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener calle voluntario para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.

El Gobierno no ha reforzado el conjunto que debe responder las peticiones

El cómputo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de amparo y empleo Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa área de amparo había unas 125.000 edificaciones. ?Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar?, explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, nutrición y ámbito entorno. Las comunidades autónomas han redondeado la número, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en área de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de amparo, sino que la dimensión tendrá un alcance ?muy vedado?. ámbito entorno siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el cabida, ni la cota, ni la área de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha acto que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.

Con esta dimensión, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de demografía preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa data único de los siguientes requisitos: tener entrada rodado, aprovisionamiento de agua, traslado de aguas residuales y racionamiento de potencia eléctrica. O bien, estar ?en áreas consolidadas por la construcción, al menos en un tercio de su área?.

18 meses de silencio administrativo implican autorizar las reformas

Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta credencial y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. ?Es un labor que se está elaborando en estos momentos?, explicó.

El senador socialista mostró su congoja por los equipos con los que abalorio la secretaría de Estado de ámbito entorno para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. ?La administración trabaja con los equipos que tiene la rumbo corriente de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral?, comentó el secretario de Estado.

Los expertos temen que se aproveche la dimensión para añadir cemento al litoral

El labor de ámbito entorno es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el ordenanza que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al océano, teniendo en abalorio los efectos del transformación climático.

El Gobierno ha vuelto a presentar de manera corriente el cifra global de afectados por el transformación legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en abuso público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La indulto de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que además se enfrentaban a la piqueta. además pegados al océano hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que además podrán seguir trabajando.

El Constitucional ha admitido tres recursos contra la norma

En la segunda fila, la denominada área de servidumbre de amparo, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. ?Son cifras muy altas que merecían una contestación y dar certeza jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la carencia de contestación de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el ámbito entorno ni tampoco protegía a ellos?, comentó el secretario de Estado.

La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva ocasión para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El elevado tribunal ha admitido a gestión los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el nación Vasco y Cataluña.

Entre la amparo de la costa y la de los propietarios

– La Ley de amparo y empleo Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ente devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en abuso público, casi metidas en el océano, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la área de servidumbre de amparo o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.

– La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, ecuánime lo contrario de lo que presume su certificado. El Gobierno defiende que refuerza la amparo de la costa y al período aporta certeza jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un medio industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se ahorro la potestad de suspender permisos urbanísticas que atenten contra la amparo del litoral.

– La norma contempla soluciones ideadas para dar contestación a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima fila de playa y que se sentían perjudicados por la previo Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. ?Evita el llamado consecuencia 2018?, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado en el interior de cinco años. En esa data se cumplían los 30 años del consentimiento administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga además se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, también de 89 restaurantes y chiringuitos, que además habrían tenido que entregar las llaves en esta data. Todos seguirán operando a transformación de un pauta que justifique el quehacer de abuso público.

– El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. ?Algo que es público se le da a un característico para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años?, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra sucesión de propietarios.

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